1. El reformismo dinástico.
1.1. El fracaso del primer gobierno regeneracionista.
En 1899, la reina regente María Cristina otorgó su confianza para formar gobierno a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela. Se inició así una política reformista con proyectos de descentralización administrativa.
En la primavera de 1902 subió al trono, al cumplir 16 años, el monarca Alfonso XIII. En 1903 murió Sagasta y alcanzó la jefatura del Partido Conservador Antonio Maura, mientras en el Partido Liberal se afianzaba José Canalejas. Esta nueva generación de políticos, influida por el regeneracionismo, impulsó los más importantes proyectos de reforma, aunque el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación democrática mantuvo el turno dinástico y el falseamiento electoral, imposibilitando así la democratización real del régimen.
Se llevó a cabo una reforma electoral (Ley Electoral, 1907) promovida por Maura, que hizo más difícil el fraude electoral. También se hizo un Proyecto de Reforma de la Administración.
El gobierno de Maura también promulgó la Ley de Colonización Interior. En el terreno social, aprobó algunas leyes (Ley del Descanso Dominical) y creó el Instituto Nacional de Previsión (1908). La defensa del equilibrio social conllevó una actitud muy intransigente en el mantenimiento del orden público, especialmente en los sucesos de la Semana Trágica (1909) de Barcelona. La brutal represión que siguió a la revuelta fue la causa principal de la caída del gobierno conservador.
En 1910, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programa proponía la modernización de la política, e intentaba limitar el poder de la Iglesia. Profundizó en la separación de la Iglesia y el Estado, la promulgación de la Ley del Candado (1910). Finalmente, se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como la normativa sobre el trabajo de la mujer.
El gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos.
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